Las relaciones entre Estados Unidos y Brasil han empeorado en las últimas semanas. Desde el 7 de agosto, cuando entraron en vigor aranceles del 50 % sobre productos brasileños —medida anunciada un mes antes por el presidente estadounidense, Donald Trump—, la tensión bilateral se ha intensificado.
El inquilino de la Casa Blanca justificó los arenceles alegando una relación comercial "muy injusta" y criticó a la justicia brasileña por el proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de participar en una trama golpista.
Este martes, el Gobierno de Brasil rechazó las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien afirmó que Trump "no tiene miedo" de implementar sanciones económicas y utilizar la fuerza militar para "proteger la libertad de expresión en todo el mundo".
"El presidente no tiene miedo de usar el poder económico y militar de Estados Unidos para proteger la libertad de expresión en todo el mundo", aseveró Leavitt. "Él mismo se enfrentó a la censura en su camino de regreso a esta hermosa Oficina Oval aquí en Washington D. C. Por eso, se toma esto muy en serio, al igual que, creo, el vicepresidente de Estados Unidos y toda la Administración Trump. Por eso hemos tomado medidas significativas con respecto a Brasil, tanto mediante sanciones como mediante el uso de aranceles para garantizar que los países de todo el mundo no castiguen a sus ciudadanos de esta manera", agregó.
"No se dejarán intimidar"
En respuesta, el Gobierno brasileño condenó "el uso de sanciones económicas o amenazas de fuerza" contra su democracia. "El primer paso para proteger la libertad de expresión es defender la democracia y respetar la voluntad popular expresada en las urnas. Esto es deber de los tres poderes del Estado, que no se dejarán intimidar ante ningún ataque a nuestra soberanía", comunicó.
"El Gobierno brasileño repudia el intento de fuerzas antidemocráticas de utilizar a Gobiernos extranjeros para coaccionar a las instituciones nacionales", subrayó.
Mientras tanto, el juez Luiz Fux, del Supremo Tribunal Federal (STF), inaugura este miércoles la cuarta jornada del juicio contra Jair Bolsonaro y otros siete acusados por la trama golpista. Fux será el tercero en emitir su voto, tras Alexandre de Moraes y Flávio Dino, quienes se pronunciaron el martes a favor de la condena del grupo señalado como el núcleo crucial del golpe. Se espera que Carmen Lúcia y Cristiano Zanin voten a continuación. Con un voto más, se alcanzaría la mayoría necesaria para condenar.
Desde finales de agosto, ante la proximidad del inicio del juicio a Bolsonaro, el Gobierno brasileño y el STF anticipaban una escalada de la crisis política. En respuesta al aumento de tarifas, Brasil invocó la Ley de Reciprocidad y aceleró las medidas económicas.
"Inquebrantable en la defensa de la soberanía nacional"
Durante la apertura del juicio, Moraes afirmó que el tribunal no se someterá a coerción ni obstrucción en el ejercicio de su misión constitucional. "La soberanía nacional no será vilipendiada ni extorsionada" y que "el STF siempre será inquebrantable en la defensa de la soberanía nacional" y no cederá ante presiones internas ni externas", dijo.
El STF ha sido blanco de ataques y sanciones por parte Trump, quien acusa al tribunal de llevar a cabo una "cacería de brujas" contra Jair Bolsonaro.
En julio, Trump anunció un arancel del 50 % a los productos brasileños, alegando que se trataba de una "respuesta a las recientes políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Brasil que constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos".
Washington también denunció que existe "persecución política, intimidación, acoso, censura y demandas interpuestas por el Gobierno de Brasil contra el expresidente Jair Bolsonaro y miles de sus partidarios", y señaló a Moraes como responsable de "amenazar, perseguir e intimidar a miles de opositores políticos".
El 30 de julio, EE.UU. aplicó la denominada Ley Magnitski contra Moraes. Esta ley, vigente desde 2016, permite imponer sanciones unilaterales contra extranjeros acusados de violaciones de derechos humanos o corrupción. Como resultado, los activos e intereses de Moraes bajo jurisdicción estadounidense fueron bloqueados, lo que podría afectar sus operaciones en bancos y servicios internacionales.
